Este miércoles el Gobierno avanzó con la privatización de las rutas nacionales apoyándose en la Ley Bases, donde se permite “otorgar concesiones de obras e infraestructuras públicas y servicios públicos por un plazo fijo o variable a sociedades privadas”.
La medida abarca también a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a la Comisión Nacional de Tránsito. Además, se dispuso la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a denominarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”.
Tramita ante el Juzgado Federal de Rawson N°1 y busca la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de varios artículos del Decreto que disuelve la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
Se trata de vehículos de entre 25 y 30 metros de largo que ahora podrán circular sin restricciones. El fundamento de la medida es que la limitación que regía anteriormente generaba una “fragmentación operativa” y “dificultades en la planificación logística”.
Así lo decidió el juez federal Hugo Horacio Greca. Además, dispuso realizar una medida de reconocimiento judicial sobre ese camino.